El tribunal superior de justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la decisión de una empresa de rebajar el 15% del sueldo a sus empleados de Cataluña tras despedir a parte de la plantilla al considerar que las extinciones de contratos tendrían que haber sido suficientes para afrontar la crisis.
La sentencia del alto tribunal hace referencia a la empresa Mantel a la que le pide que restituya a sus trabajadores en Cataluña sus antiguos salarios reducidos desde julio de 2012.
En la sentencia se considera “injustificada” la reducción de sueldos “porque la adaptación de la productividad de la empresa a la nueva línea de mercado se debía haber conseguido con los despidos”, que la empresa llevó a cabo entre julio y noviembre de 2012.
La sala social del TSJC reprocha a la compañía que con la reducción de los salarios busca meramente “reducir costes en una empresa que obtiene beneficios globalmente”.
El alto tribunal limita así las medidas que puede adoptar la empresa para adaptar su actividad a una situación de bajada de la producción y de la facturación, lo que supone “un golpe” a la reforma labora aprobada por el Gobierno del PP.
La empresa justificó los despidos por la reducción de la carga de trabajo de su único cliente en Cataluña, Endesa pero el TSJC asegura que los despidos objetivos llevados a cabo “han desnaturalizado completamente la medida reductora de salarios”, ya que la razón de ser de la modificación de las condiciones de trabajo es, precisamente, evitar las extinciones de empleo.
Además, el tribunal recuerda que los trabajadores de Cataluña han dejado también de percibir un plus debido a la falta de actividad.
Respecto a la aplicación del artículo 41, el alto tribunal subraya que “no existe una discrecionalidad absoluta del empresario”, quien “deberá acreditar la concurrencia de circunstancias en su empresa”.
El TSJC recuerda que la ampliación de la flexibilidad interna que otorga la nueva legislación labora se justifica para favorecer en las empresas alternativas a la destrucción de empleo y subraya que se debe evitar “un uso abusivo o fraudulento de un poder empresarial que sigue siendo causal”.
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